martes, 17 de julio de 2012

Investigación agraria como prioridad política


Un relanzamiento de la investigación agraria en la región andina requiere de nuevas relaciones entre ONG, Estado y universidades, o sea, un TOMARSE EN SERIO EL TRABAJO DE DESCOLONIZACIÓN ALIMENTICIA.
El Objetivo es POTENCIAR la investigación en el área del desarrollo rural de base campesina indígena.
Trabajando en esa dirección el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) recurrió a las experiencias del Sistema de Investigación Agraria en Ecuador (SIPAE), al Programa de Investigación de Bolivia (PIEB), al programa de post grado de la Universidad Mayor de San Andrés CIDES, a las unidades de proyecto de las agencias de cooperación ICCO y Oxfam, al Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST), a la Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC) y a consultoras, como la empresa Agrodata.

Los resultados del intercambio se sintetizan en el presente artículo.

"Desde hace varias décadas la mayoría de los Estados de la región sudamericana disminuyeron su apoyo, o dejaron de promover investigaciones, en el ámbito del desarrollo rural, función que tomaron para si principalmente las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
Este desinterés estatal no fue fortuito, sino que correspondió a la tendencia de abandonar la producción campesina como un sector estratégico, mientras que crecía, imparable, la corriente de fomento a la agro industria, agricultura para la exportación o, como se denomina de manera más general, al agro negocio.

Nuevos escenarios, nuevos temas
Actualmente hay nuevos escenarios económicos y políticos. Por un lado, la crisis mundial de encarecimiento de los precios de los alimentos contribuyó a volver a poner en agenda la producción campesina como una de las estrategias más fiables y continuas para proveer de alimentos a las poblaciones urbanas.
Por otro lado, luego de la década de reformas institucionales y el achicamiento del aparato y las competencias del Estado, en general, hay un "retorno" de la presencia estatal en la mayoría de los países y en algunos están en ejercicio gobiernos de tendencia neo populista, mostrándose un notable fortalecimiento estatal en todos los ámbitos, desde la banca hasta las comunicaciones.
Basado en la experiencia ecuatoriana, Francisco Hidalgo, coordinador del SIPAE, un consorcio de ocho instituciones, entre ellas dos universidades estatales, plantea nuevos tópicos que deberían desafiar a la investigación en desarrollo rural en la región, comenzando desde la necesidad de nueva legislación coherente con las nuevas Constituciones, como en los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que debe incluir aspectos centrales como territorios, equilibrio entre modelos de producción campesina y agroindustrial, derechos indígenas y regulación de las industrias extractivas en función a sus efectos sobre el medio ambiente en general y sobre la agricultura campesina en particular.
En los casos de Bolivia y Ecuador las respectivas nuevas Constituciones del Estado son el marco referencia para una amplia agenda de temas de investigación vinculada al desarrollo rural de base campesina indígena.

Pese a tensiones, errores y hasta conflictos, las Cartas siguen siendo una representación simbólica de lo que las mayoría de los países en su momento quisieron y expresaron con una amplia participación, entre ello, el reconocimiento de la diversidad y un mayor empoderamiento de lo indígena.

Hay, por lo tanto, muchas leyes nuevas en los países andinos, pero la mayoría se está quedando en proyecto, porque llegan hasta el momento de la votación y ésta no se produce debido a conflictos de intereses (por ejemplo leyes sobre propiedad de la tierra o sobre recursos hídricos en Ecuador) o porque el acto se agota en la promulgación, sin lograr transitar hacia la efectiva aplicación, debido a ineficiencia o contradicciones entre discurso y práctica (por ejemplo revolución productiva, en Bolivia).

Un caso realmente ejemplar de esas contradicciones es el de las políticas públicas sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria, que aparece como un permanente tema de interés en las agendas públicas, pero no cuaja en normativa y menos aún, en estrategias y programas aplicables.

Amenazas y desafíos

Pese a que los gobernantes asumen una reconocida debilidad en lo agrario (la gran deuda, según el presidente ecuatoriano Correa), la región sigue viviendo un proceso aparentemente imparable de ampliación de las fronteras agrícolas con el incremento de cultivos de cacao, palma africana, caña para etanol, soya y otros granos forrajeros, alimentando la agro exportación, que es la que engorda y mantiene al aparato político.
Al mismo tiempo, en el contexto no puede dejar de identificarse el aumento progresivo de la explotación minera a cielo abierto, con sus consecuentes efectos de contaminación y disputa por los recursos de tierra y agua.

Coinciden, por otra parte, dos procesos aparentemente distintos en sus fuentes, pero que convergen en los resultados:
-  Por una parte la crisis financiera de los países europeos repercute en una significativa disminución de los fondos de cooperación
- Por la otra, los gobiernos neo populistas intentan copar las universidades estatales y controlar las ONG. Ambos reducen fondos para la investigación en los ámbitos del desarrollo, por lo que debería haber una reacción de diagnóstico y respuesta desde la sociedad, particularmente en el área de la investigación y desde el papel de las universidades y las ONG.

Hay contribuciones importantes desde las ONG y las universidades, pero la mayoría coyunturales, con giros notables, poniendo temas en agenda, como por ejemplo: la "territorialización", tendencia sobre la que nadie puede ahora dudar y antes no se reconocía.

Al mismo tiempo, en la actualidad hay más fondos en las universidades para la investigación, pero como no hay líneas generales rectoras, se está produciendo una gran dispersión.

Sin embargo, entre los desafíos también es necesario que la investigación precise sus objetivos y campos de estudio y se comprometa con las expectativas actuales de sectores y organizaciones campesinos indígenas.

El 'agro negocio' es el enemigo declarado de la producción campesina; se necesita saber más sobre la forma como funciona, cómo se expande, etc.
En Brasil el Movimiento Sin Tierra (MST) promueve la formación de profesionales con acreditación formal y en coordinación con universidades estatales.

La orientación de estos programas es "conocer mejor al enemigo", por lo que trata de entender, decodificar, más allá de prejuicios y consignas, en qué consiste el agro negocio, a quiénes favorece y qué trampas políticas y económicas oculta.

Crisis y autocrítica

En general, en los países de la región las ONG - particularmente las que intervienen en ámbitos del desarrollo rural- se mueven en un círculo cerrado, se conocen entre ellas y con las agencias de cooperación, pero no tienen verdaderos puentes y alianzas con otros sujetos, como el Estado, lo que dificulta lograr mayor repercusión de los resultados de investigaciones que podrían tener mayor impacto.

Hay contradicciones entre la lógica de corto plazo de las ONG y la lógica de largo plazo que se necesita para la investigación; se da la misma contradicción entre la intervención ONG, generalmente muy local o temática, frente al ámbito más amplio de las agendas de investigación.

La investigación debe trascender el ámbito de las ONG para volver a ser tarea de las universidades.
Algunos académicos piensan que en Bolivia hay una crisis de investigación, porque faltan fuentes confiables, acumulación de información y directrices claras para que una base de investigación ayude a los potenciales usuarios a tomar decisiones correctas en políticas públicas y en cualquier tipo de acción pública.

Un ejemplo notable son los sucesivos retrasos para la realización, varias veces postergada, de los censos de población y agropecuario y la encuesta de hogares, dos años en el primer caso y cinco en el segundo y el tercero. Al no contar con esta base, las y los investigadores trabajan con fuentes secundarias, muchas veces con datos repetidos y con información obsoleta.

Si las ONG quieren potenciar sus aportes en investigación tendrían que hacer autocrítica de sus procesos y limitaciones, identificar los hitos de su propia historia que les hicieron tomar determinadas decisiones y, fundamentalmente, reconocer y enfrentar sus necesidades de formación para realizar investigaciones de calidad y con posibilidades de influencia en la sociedad.

En resumen, retomando la reflexión del ecuatoriano Francisco Hidalgo (SIPAE), los principales desafíos incluyen "potenciar centros de investigación en la universidad estatal pública, la formación de los/as jóvenes investigadores/as, la investigación participativa y los roles de los movimientos sociales y redes de sociedad civil y el intercambio regional de experiencias, alianzas y redes"."
http://www.sudamericarural.org./index.php?mc=52&nc=&next_p=1&cod=94

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